Robar agua siempre ha sido un acto delictivo, y robarla en estos tiempos de estiaje y racionamiento es, además de un delito cruel, acto criminal.

Porque el derecho al agua lo tenemos todos los seres humanos; significa el derecho a la vida, y quien roba agua está arrebatando esa facultad a muchas personas, generalmente a quienes menos recursos tienen. 

‘A nadie se le niega un vaso de agua’, decían nuestros ancestros, basados en la sentencia bíblica de quien dé a beber un vaso de agua no se quedará sin recompensa.

Pero además el derecho humano al agua es condición previa para acceder a otros derechos humanos, deducción lógica de la necesidad de beber el llamado justamente ‘vital líquido’; en consecuencia, robarle el agua a la gente con necesidades más marcadas es arrebatarle muchos otros derechos que, sin ella, no pueden tener acceso.

El gobernador Samuel García, a quien no le han salido bien sus cosas, denunció que el acueducto principal El Cuchillo – Monterrey ha sido perforado por delincuentes que ordeñan -huachicolean- la única línea de abasto proveniente del último embalse de agua en condiciones de abastecer a la Ciudad, llenando un lago artificial privado en donde hasta se practica la pesca.

Además denunció que en Linares – Hualahuises otro rancho desvió el cauce de un río para almacenar agua que debiera alimentar a la presa Cerro Prieto, magna obra hidráulica del gobernador Martínez Domínguez, que hoy día se encuentra seca.

Ciertamente, castigando con dureza estos delitos no se solucionará el problema de escasez de agua en el área metropolitana de Monterrey, pero incorporar esos volúmenes de líquido al caudal de abasto, mitigará la sed a algunos miles de neoloneses que hacen largas filas para llegar a una pipa de reparto de agua.  

Si sale bien esta acción correctiva y no queda sólo en denuncias, el gobernador García Sepúlveda se anotará una de arena, por todas las que van de cal.