23/Dec/2024
Editoriales

LA TRAGEDIA DEL BORINQUEN SIGUE

En un informe que presentaron a la prensa el lunes 18, funcionarios del gobierno de Puerto Rico mostraron cifras actualizadas que indican que la crisis financiera y humanitaria de la isla ha empeorado dramáticamente en el perí­odo de los últimos dos meses, con ingresos fiscales cada vez menores y un enorme déficit que sigue aumentando. La proyección del déficit de los próximos cinco años ya fue actualizada a la alta en un 15%, de $14 mil millones de dólares a $16 mil millones de dólares, y desde ya se espera que llegue a $23 mil millones de dólares o más en los próximos diez años, y ni la población ni la economí­a pueden aguantar más austeridad de la que ya se les ha impuesto.

Eso no le molesta a los republicanos de Wall Street quienes insisten en que Puerto Rico "exagera" la profundidad de su crisis y que todaví­a puede exprimir le más sangre a su empobrecida población. Jack Lew, Secretario del Tesoro de EU, estuvo el miércoles 20 en Puerto Rico para hablar con funcionarios del gobierno sobre la crisis; Lew le ha pedido al Congreso de EU que aprueben la legislación que permita a Puerto Rico acogerse al Capí­tulo 9 de protección de bancarrota, pero también respalda la propuesta del Partido Republicano para implementar una Junta de Control Financiero, cuya labor serí­a imponer una austeridad todaví­a más brutal. Quizás luego de eso Obama le ofrezca a los tres millones de puertorriqueños que tomen agua del mortí­fero rí­o Flint de Michigan.

Los funcionaros subrayaron que el gobierno no tiene dinero. Los ingresos fiscales fueron de $500 millones de dólares menos que lo pronosticado, y para junio, la agencia Bloomberg informó que el gobierno enfrenta un balance negativo de liquidez de $923 millones de dólares. En la segunda mitad del 2015, el gobierno recortó los programas del seguro social, atrasó el pago de $330 millones de dólares en devolución de impuestos que debí­a desde el 2014 a contribuyentes, dejó de pagarles a los proveedores, a quienes ahora les debe $1,800 millones de dólares en pagos retrasados. A menos de que reciban este pago pronto, los proveedores van a dejar de abastecer suministros médicos a los hospitales, comida a las prisiones, y también otros servicios públicos esenciales.

En mayo se vence una deuda de $400 millones de dólares, y luego otra de $2 mil millones de dólares para el 1 de julio. Si no hay un alivio de la deuda, afirmaron los funcionarios, el 1 de julio habrá enormes incumplimientos desde el nivel más bajo hasta el más alto en la jerarquí­a de los acreedores. Representantes del gobierno van a sostener una conferencia telefónica hoy con asesores de los acreedores para tratar sobre las cifras que han actualizado y también sobre una propuesta general de restructuración, según afirmó Melba