La gira de Christine Schraner Burgener tiene lugar en un contexto de creciente preocupación en la comunidad internacional por la situación en Birmania, escenario de manifestaciones diarias desde el golpe miliar del 1º de febrero que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi. El balance de la represión superó este viernes los 600 muertos.

Christine Schraner Burgener, una diplomática suiza, debe llegar en estos días a Tailandia, vecino de Birmania, en el marco de una visita a la región que la llevará en principio también a China, tradicional aliado de las Fuerzas Armadas birmanas. Los detalles de su viaje no se conocen aún.

Pero no será recibida en Birmania, adonde reclama ir desde hace más de dos meses para reunirse con los generales.

“No hemos permitido eso. Y no tenemos ninguna intención de permitirlo ahora”, declaró este viernes a la AFP el portavoz de la junta, Zaw Min Tun.

Al menos 614 civiles murieron desde el 1° de febrero a manos de las fuerzas de seguridad en la represión de las manifestaciones prodemocracia en Birmania, según la Asociación de Asistencia a los Prisioneros Políticos (AAPP).

Pero el balance podría ser mucho peor: más de 2.800 personas fueron detenidas y no se tiene noticias de muchas de ellas.

El viernes por la mañana volvió a correr sangre. Según los socorristas, al menos cuatro personas murieron cuando las fuerzas de seguridad destruyeron barricadas de personas que protestaban contra el régimen militar en la ciudad de Bago (llamada también Pegu), a unos 65 km al noreste de Rangún.

La represión no se limita al interior del país. El embajador birmano en Londres, que apoya a la premio Nobel de la paz 1991 Aung San Suu Kyi, fue expulsado de su puesto, una decisión condenada el jueves por el Reino Unido, que sin embargo debió aceptarla.

En cambio, Londres indicó que ofrecería protección a Kyaw Zwar Minn, cuya “valentía” fue saludada por el secretario de Estado británico para Asuntos Exteriores, Nigel Adams, que se reunió con él.

De su lado, Estados Unidos anunció ese mismo día sanciones contra una empresa estatal birmana de producción de piedras preciosas, con el fin de privar a la junta militar de una fuente de ingresos clave.

“Senda democrática”

La emisaria de la ONU reclama desde el 1º de febrero una reunión con los generales.

“Evidentemente está dispuesta a reanudar el diálogo con los militares para contribuir al regreso de Birmania a la senda democrática, de la paz y de la estabilidad”, declaró el jueves el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

Cuando se le preguntó si el contacto con la junta se había roto, respondió que continuaba por escrito pero que desde hacía semanas no había conversaciones telefónicas.

La emisaria “comenzará su gira en Bangkok, donde se reunirá con las autoridades, los responsables de la ONU en la región y embajadores acreditados en Birmania”, dijo Dujarric.

“Como lo ha subrayado en muchas oportunidades, una respuesta internacional sólida a la crisis actual en Birmania necesita un esfuerzo regional unificado que implique a los países vecinos que pueden ejercer una influencia sobre la estabilidad” birmana, precisó el vocero.

La ASEAN (Asociación de Naciones del Sureste Asiático) planea llevar a cabo una cumbre sobre Birmania a finales de mes.

Por iniciativa del Reino Unido, está prevista este viernes una reunión informal del Consejo de Seguridad de la ONU para, entre otras cuestiones, escuchar a Daw Zin Mar Aung, miembro civil electo del parlamento birmano, y a un universitario, Sai Sam Kham.

Daw Zin Mar Aung hablará en nombre del grupo de resistencia CRPH, el Comité para la Representación de Pyidaungsu Hluttaw, el órgano legislativo birmano.

El CRPH asegura que ya ha reunido unos 270.000 elementos que muestran violaciones de derechos humanos a “gran escala”. Esta semana inició discusiones con investigadores de la ONU.

Por su parte, el jefe de la junta, el general Min Aung Hlaing, acusa a los manifestantes de querer “destruir el país”, y garantiza resolver la crisis de “manera democrática”.

Cuando tomó el poder la junta instauró el estado de emergencia por un año. Un portavoz, Zaw Min Tun, indicó a CNN que podrían prolongarse por otros doce meses, asegurando al mismo tiempo que se organizarían elecciones.