Acuyacan -  El asesinato de otro periodista en México generó el miércoles una serie de condenas a nivel internacional por ser el caso más reciente de una ola de homicidios que es vista como una amenaza a la libertad de prensa en el país.

La agencia de derechos humanos de las Naciones Unidas dijo en un comunicado a través de sus oficinas en México que el asesinato de Gumaro Pérez “confirma un año terrible para la libertad de expresión” en México, mientras que la Sociedad Interamericana de Prensa lamentó que la mayoría de estos crímenes se cometan “con impunidad”.

Pérez, de 34 años, fue asesinado a tiros el martes durante un festejo navideño en la escuela primaria de su hijo en la localidad de Acayucan. Se trata de por lo menos el décimo periodista ultimado este año y el tercero en el estado de Veracruz, ubicado en el Golfo de México.

La fiscalía estatal buscó opacar las credenciales de Pérez como periodista, al emitir el miércoles un comunicado donde dice que no ha podido encontrar ningún medio de comunicación donde él trabajara activamente y que un sitio de noticias que él abrió está inactivo desde hace algunos meses.

Eso fue cuestionado por el secretario ejecutivo del programa regional para la protección de los periodistas, que dijo que Pérez estuvo trabajando con el gobierno local pero seguía publicando en un sitio web y en su página de Facebook.

“Para efectos legales era un periodista, podríamos decir que independiente”, dijo Jorge Morales, de la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz.

Morales agregó que varias personas indicaron que Pérez trabajaba en el departamento de prensa o como asistente del alcalde, y aunque éste le definió como “colaborador” suyo cuando se entrevistó con Morales, Pérez no estaba registrado en la nómina del ayuntamiento.

En un segundo comunicado el mismo miércoles, un día después del homicidio, la fiscalía de Veracruz indicó que hay una “probabilidad” de que Pérez estuviera vinculado con el crimen organizado y fuera abatido por un grupo rival. La fiscalía dijo haber llegado a esta conclusión gracias, entre otras cosas, a la información extraída del teléfono celular de Pérez y de visitas que hizo a un delincuente en prisión, pero no mostró la evidencia de la misma.

La familia de Pérez negó que él tuviera nexos con el narcotráfico.

“No se vale que cuando la familia estamos aquí (en el velorio), no lo hemos dejado descansar bien, y andan diciendo esas cosas”, afirmó su hermana, Maribel Pérez, que le describió como una persona muy decente que caminaba con la frente en alto y a quien muchos admiraban.

Jorge Morales criticó el pronunciamiento de la fiscalía porque, según explicó a la AP, “no lleva a ninguna parte, no resuelve el caso” y lo único que hace es “criminalizar” a Pérez y violar su presunción de inocencia cuando lo importante es detener a los responsables del crimen.

No es extraño que los gobiernos locales, tanto en Veracruz como en otras partes de México, busquen desacreditar a los periodistas asesinados para insinuar que sus muertes no están relacionadas con su labor profesional.

En el caso de Cándido Ríos, asesinado en agosto cerca de Acayucan, el subsecretario de derechos humanos dijo en menos de 24 horas que los investigadores estatales habían descartado que él fuera el blanco del ataque que dejó otras dos personas muertas.

Defensores de periodistas y la familia de Ríos criticaron la premura para descartar su trabajo como el móvil del asesinato en un estado donde tantos periodistas han muerto.

Mientras tanto, siguen apareciendo detalles del ataque contra Pérez, aunque sin mucha claridad.

Morales dijo que autoridades _no precisó cuáles_ le dijeron que había cámaras de vigilancia y testigos, y que al parecer los agresores lo mataron cuando estaba solo en un aula.

Su viuda, Adelina Mendoza, había salido un momento del salón donde se celebraba la fiesta navideña y confundió los disparos con cohetes, hasta que todo el mundo comenzó a correr y gritar aterrado.

“No sé de dónde llegó el golpe”, comentó mientras atendía a la familia en el velorio. “No entiendo qué pasó, si hubo algo que no agradó a alguien y por eso lo eliminaron”.

Mendoza dijo no creer ya en la justicia y no confiar en las autoridades. “Esto está tremendo, estamos con miedo, con pánico”, afirmó.

Fidel Pérez, un reportero local en Acayucan sin parentesco con Gumaro Pérez, dijo que lo conocía desde hacía ocho años y que se ganó el apodo de “el hombre rojo” debido a que cubría noticias de crímenes.

Recientemente, explicó, se había convertido en asistente del presidente municipal, a quien acompañaba y le tomaba fotos.

“Era colaborador directo del alcalde, no empleado en nómina y le pagaba directamente de su bolsa”, indicó su colega.

Gumaro Pérez participó en un programa estatal que ofrece consejos de protección para periodistas que cubren cierta información “de riesgo” y que es independiente del programa federal conocido como “el mecanismo”, el cual ofrece a los reporteros ciertas medidas de seguridad tales como botones de pánico en sus teléfonos celulares y seguridad en su casa.

Pero en el caso de Pérez todos coinciden en señalar que no había reportado ser objeto de amenazas.

México es uno de los países más letales para los periodistas, y Veracruz, una entidad inmersa en la violencia y la corrupción donde están presentes distintos grupos criminales, es visto como uno de los más peligrosos para la prensa.

Además de Pérez y Ríos, el columnista Ricardo Monlui fue asesinado en Yanga, Veracruz, el 19 de marzo, cuando regresaba de un restaurante con su esposa e hijo. El atacante, al parecer, lo estaba esperando.

De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, 95 profesionales de los medios han sido asesinados en México desde 1992. En 43 de esos casos, el comité dice que se ha confirmado que el móvil está directamente relacionado con la labor periodística, incluidos seis en 2017, una cifra más elevada que cualquier otro año en ese período.