‘Falsificar, vender o comprar boletos, tarjetas o saldos de forma ilegal, es un delito con pena de hasta 9 años en prisión’. 

Este texto impreso en papel está pegado en algunos vagones de El Metro de CDMX, y efectivamente merece un castigo fuerte quien copie, o falsifique documentos oficiales. 

‘Todos los seres humanos nacen libres e iguales y deberían recibir el mismo trato’, reza el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, si se le hiciera caso, no sería necesario aplicar las leyes cuyo espíritu coincide con la igualdad ante ellas. 

En tal virtud, las excepciones nunca han sido saludables, por lo que en el multi mencionado caso de la Ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, la UNAM debe actuar como si se tratara de cualesquiera otra persona, y retirarle su título de abogada.

Es una simple deducción lógica: si ya se decretó que su tesis es producto de un plagio y se castigó a la asesora Martha Rodríguez, la usufructuaria de ese documento falsificado debe castigársele así como se hace con quien falsifica un boleto del transporte público. 

Más porque esa tesis profesional validó en su momento la entrega del título de licenciatura, requisito primario para acceder al Poder Judicial. Y muchísimo más porque ningún integrante de la Suprema Corte de Justicia debe estar manchado por un acto de, al menos, inmoralidad, pues todo nuestro sistema judicial está colgado de la autoridad legal y moral de este Honorable Cuerpo Colegiado.      

El impacto social de los escándalos siempre será mayor si involucra a personas públicas. Aunque si el escándalo envuelve a artistas o deportistas, se les puede indultar, incluso en el primer caso hasta puede ayudarles al darles mayor fama, y en el segundo, sólo si no les afecta a sus rendimientos deportivos. Pero a un funcionario público o a un religioso, jamás los perdona ‘doña Opinión Pública’. 

Aunque no sabemos qué esté fraguando el gran fraguador de enredos, que diariamente juega con la opinión pública.

Sin embargo, muchos neoloneses no aceptamos que nos gobierne la opinión pública, y menos si la determina una encuesta levantada con recomendaciones oficiales de que ajusten sus resultados a la línea oficial.

¡Queremos que nos gobiernen las leyes!

Cómo se han deteriorado las imágenes de instituciones que habían sido consideradas por la opinión pública como ‘sagradas’. Hasta antes de este escándalo, para pronunciar los nombres de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de la Universidad Autónoma de México, debíamos enjuagarnos la boca, pero estas otrora entidades respetadísimas ahora ruedan entre el fango del desprestigio.