A menos un mes de estar en el cargo, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció el 27 de diciembre pasado que su gobierno acabaría con la operación, altamente organizada, que por décadas ha estado robando un porcentaje enorme del petróleo, gasolina, gas y otros productos de la compañía petrolera estatal de México, PEMEX. Para empezar, ordenó a las fuerzas armadas asegurar las instalaciones y ductos de PEMEX. El jueves 17, mientras la batalla continúa, el gobierno anunció la creación de un grupo especial interinstitucional que se encargará del robo desde el flanco del lavado de dinero.

 Aunque el Presidente López Obrador, las agencias de gobierno de México y de Estados Unidos están al tanto desde hace mucho tiempo de que los ejércitos narcoterroristas de los cárteles del narcotráfico forman el núcleo central del pillaje de petróleo, que a su vez se sostiene con la connivencia de las principales multinacionales petroleras como la Royal Dutch Shell, Sunoco, Conoco Phillips, petroquímica BASF, entre otras. El lavado del dinero obtenido de este saqueo involucra también a los principales bancos internacionales que tienen una larga y probada participación a gran escala en el lavado del dinero proveniente del narcotráfico.

 No se trata de un asunto “mexicano”. El Atlantic Council (Consejo Atlántico) tiene un proyecto de investigación denominado “Oil Theft” (Robo de petróleo) y estima que cada año se roban $133,000 millones de dólares en operaciones similares en todo el mundo. El Consejo Atlántico reconoce que el caso de México es un caso de estudio típico de estas operaciones a nivel mundial, y que los cárteles del narcotráfico juegan un papel clave en todo esto.

 En el caso mexicano se revela la economía clandestina del narcotráfico, el terrorismo, tráfico de armas, robo de petróleo y carbón, tráfico de personas y demás, como una sola operación integrada, que constituye el meollo del “sistema de libre comercio” del imperio británico. El gobierno de López Obrador muestra un gran coraje al enfrentarse al componente petrolero de este aparato. Hacerlo de manera directa plantea la cuestión sobre todo el aparato de Narcotráfico, S.A. de Londres, y México va a necesitar de aliados internacionales para lanzar y ganar esta guerra.

 La escala del desfalco petrolero en México ha crecido durante las últimas décadas hasta llegar a los $60,000 millones de pesos (unos $3,000 millones de dólares) al año, según informó López Obrador. El petróleo y gas se extrae de los ductos de PEMEX en un promedio diario de 600 camiones cisterna con una capacidad de 15,000 litros, informó. Este hurto, llamado “huachicoleo” en México, constituye todo un PEMEX “paralelo”; con lo que se robaron en 2018, México pudo haber financiado el 40% de la construcción de una nueva refinería. Dicho de otra manera, dijo AMLO, con lo que se robaron durante los últimos tres años, México pudo haber construido una nueva refinería por completo.

 Hace diez años, entre 2008 y 2009, una investigación conjunta de los gobiernos de Italia y Estados Unidos, sobre la delincuencia organizada, llamado Project Reckoning (“Proyecto Ajuste de Cuentas”) donde participó la agencia antinarcóticos de EU (DEA), la agencia de inmigración y control de aduanas de EU (ICE), y el Departamento de Justicia de EU. La investigación documentó el papel de los asesinos del Cártel del Golfo, “Los Zetas”, en la operación de robo de gas de la planta de gas natural de PEMEX en el gigantesco depósito de la cuenca de Burgos en la frontera con Estados Unidos. Para finales de 2007, el 40% del gas condensado que se producía en esa planta se saqueó hacia Estados Unidos, según los informes.

 Los beneficiarios fueron los cárteles petroleros. Un ex funcionario d enlace con la prensa, para el entonces Presidente George W. Bush y el vicepresidente Dick Cheney, Joshua Crezcensi, fue identificado por la investigación de Project Reckoning como uno de los principales actores en toda la operación, y decidió convertirse en testigo del gobierno a cambio de un acuerdo de indulgencia. En 2010 y en 2011, PEMEX introdujo demandas en contra de las multinacionales por su participación, entre las cuales se contaban las antes mencionadas.

 La académica mexicana, Guadalupe Correa Cabrera, en su libro de 2018 Los Zetas, Inc., destaca que los Zetas, el horrendo ejército terrorista integrado por ex elementos militares mexicanos, no constituyen un “grupo”, sino un modelo de operación adoptado por los cárteles del narcotráfico desde que fuera reemplazado. Funciona como “una compleja red empresarial transnacional de tipo corporativo militar”, que opera mediante el sometimiento al terror en zonas completas del país ricas en recursos naturales.

 En este sentido, señala la autora, proponer la eliminación de los carteles mediante la legalización de la marihuana y la amapola, es absurdo.