Monterrey.- Con el propósito de mejorar la seguridad vial y de peatones, agilizar la movilidad en las zonas más transitadas de la ciudad, y hasta para prevenir accidentes vehiculares, el gobierno de Monterrey implementará un programa para vigilar las calles y avenidas a través de las cámaras de video con que cuenta el Centro de Comando, Control, Comunicación y Computo municipal (C4), informó el alcalde Adrián de la Garza Santos.

 Detalló que, en un plazo aproximado de un mes, se estaría utilizando la tecnología que tiene el municipio, no solo para la seguridad pública, sino para beneficio de la vialidad.

 La estrategia será incorporar a la Dirección de Tránsito al C4 para que, a través de las dos mil cámaras que ya operan en la ciudad, más las que se sumen, se constaten las violaciones al Reglamento de Tránsito.

  “Se exhorta a ciudadanos y comerciantes a que traten de respetar el reglamento para que no sean multados físicamente al momento o través de esta tecnología” dijo el alcalde.

 También destacó que el programa iniciará de forma gradual, dando un plazo para que la ciudadanía lo conozca, en el que no se aplicarían multas, sino se darían solo advertencias, tal como se ha hecho con otras acciones que realiza el municipio.

 Aclaró que el programa no se aplicará en todas las violaciones de tránsito, sino solo para resolver situaciones que afecten directamente la movilidad como estacionarse en doble fila, vueltas prohibidas, evitar que los vehículos de negocios descarguen en zonas prohibidas, y para vigilar cruceros peligrosos, entre otros.

 Al ser cuestionado si funcionaria como las fotomultas, el munícipe lo rechazó y explicó las razones.

  “Este C4 tendrá una réplica en tránsito para que los agentes, con firma electrónica, puedan estar vigilando, dando mayor movilidad a través de aplicar las multas correspondientes”.

  “El término fotomultas está muy trillado, porque las fotomultas son empresas que comparten esas tecnologías y que al momento de aplicar la multa es recaudatorio totalmente, y lo que busca es compartir una parte de la recaudación con empresas particulares. En este caso es la aplicación de una multa donde no nada más es la palabra del oficial contra la del ciudadano, sino que también habrá pruebas o soporte de evidencia de la infracción” detalló.