El 31 de enero llegó a Managua, Nicaragua; una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) encabezada por un tal  Fernando Delgado, para discutir con el gobierno de Daniel Ortega cómo enfrentar la supuesta emergencia financiera que el país enfrenta debido, por un lado, a la caída de la ayuda petrolera venezolana en más de 43% y, por el otro, a una campaña llamada Nica Act promovida desde Washington y que busca reducir “los flujos” de ayuda económica internacional para ese país.

  La delegación del FMI propuso al gobierno reducir el gasto federal en un 1.6% del PIB mediante las siguientes medidas: Aumentar la edad de publicación y las semanas de cotización para el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y/0 reducir las pensiones en un 30%. También,  reducir el “gasto en prestaciones sociales” en un 30% y reducir las “exoneraciones” fiscales a las empresas y los subsidios a programas sociales.

  Semanas después, el 16 de abril, el gobierno de Ortega decidió imponer medidas más “suaves”  para reducir el gasto: se negó a aumentar la edad  de jubilación a 65 y a aumentar las semanas de cotizaciones de los trabajadores en el INSS para su jubilación, así como a eliminar las exoneraciones fiscales a las empresas porque eso generarían  “miles de desempleados” ya que los patrones irán cerrando sus empresas al no recibir esas facilidades fiscales. Sin embargo, decidió reducir las pensiones de un 80% a un 70% del salario último; cobrar un 5% mensual de impuestos a las pensiones existentes y aumentar las aportaciones de trabajadores y patrones. En el caso de estos últimos de 19 a 22% de sus ingresos.

  El día 17 de abril empezaron las movilizaciones y disturbios de trabajadores, estudiantes, pandillas y con el apoyo del Consejo Supremo de las Empresas Privadas (COSEP), el episcopado de Nicaragua y otras organizaciones de “derecha”.  El día sábado 20 de abril Ortega llamó al diálogo y el día 21 de abril decidió “revocar, o sea cancelar” las reformas al sistema de seguridad aprobadas por el Congreso el día 16 de abril. Claro, para entonces ya habían ocurrido 34 muertes y la pérdida de millones de Córdobas por los disturbios. La debilidad del gobierno de Ortega se agrava más debido a la suspensión de la construcción del Canal Interoceánico de Nicaragua desde finales del 2016, el proyecto que sería la bandera de la fase final de su gobierno y generaría 50 mil empleos y detonaría grandes inversiones y crecimiento económico.  El FMI se comporta, literalmente, como ave carroñera con este país tan empobrecido, obligándolo a sacrificios para garantizar el pago de su deuda con bancos internacionales.