Abogados que representan a familias de ciudadanos estadounidenses torturados o asesinados por los carteles narcotraficantes mexicanos, introdujeron ayer una explosiva demanda civil federal contra el banco HSBC ante la Corte de Distrito de Brownsville, Texas, EUA. La demanda señala que el HSBC dio "apoyo material" a los carteles al lavar el dinero proveniente de sus actividades, y eso lo hace responsable ante la Ley Antiterrorista por esas torturas y asesinatos cometidos.
Este caso es, de hecho, una acusación a Obama y a su Departamento de Justicia, que a sabiendas se negaron a procesar al HSBC —la forma moderna que adquirió el banco británico Hong Shang Bank Corporation, que fue fundado hace dos siglos para llevar a cabo el comercio de opio en contra de India y China— y por lo tanto son cómplices de los carteles.
La demanda exige un juicio por jurado, en donde se puede presentar la evidencia ante el público. La demanda argumenta que:
"Esta es una acción que presentan las víctimas estadounidenses de actos horrendos de terrorismo internacional cometidos por algunos de los carteles narcotraficantes mexicanos más poderosos y despiadados... Durante la década que llevó a los ataques en cuestión, y con conocimiento pleno de las actividades terroristas de los carteles de las drogas, los acusados del HSBC... a sabiendas le dieron continuo y sistemático apoyo material a los carteles y a sus actos de terrorismo al lavar para ellos miles de millones de dólares... En el transcurso del siglo 21, los carteles mexicanos de la droga... han surgido como la mayor amenaza singular a la seguridad nacional de México y una de las mayores amenazas a Estados Unidos... La capacidad para encubrir la fuente de sus ganancias ilícitas y lograr acceso al sistema financiero internacional es vital para la existencia de los carteles de la droga y para su capacidad para ejecutar actos de terrorismo generalizados. El lavado de dinero es el sustento de los carteles de la droga mexicanos".
La demanda cita evidencias que fueron reveladas en el devastador informe que hizo el Subcomité Permanente del Senado sobre Investigaciones en el 2012, en el que se documenta que el HSBC lavaba el dinero de los carteles narcotraficantes y terroristas del mundo entero. El gobierno de Obama se negó a tomar medidas al respecto, y en vez de ello negoció con el HSBC en el 2012 un "Acuerdo de Encausamiento Diferido" (AED), bajo el cual el HSBC pagó una pequeña multa y prometió "portarse bien" durante 5 años, y la Reserva Federal lo supervisaría para verificar que así fuese.
El informe de Supervisión del año pasado elaborado según los términos de ese AED, como de unas mil páginas, señaló que el HSBC ha seguido violando de todas las formas posibles las normas estadounidenses contra el lavado de dinero. En enero de este año, como respuesta a una demanda que introdujo un deudor hipotecario a quien el HSBC le había robado como de costumbre, el Juez de la Corte Federal de Estados Unidos, John Gleeson, de Brooklyn, NY, dictaminó que el informe del supervisor se debería hacer público parcialmente.
El HSBC y el Departamento de Justicia de Obama apelaron el dictamen, alegando que la confidencialidad es fundamental para estos acuerdos de encausamiento diferido.
Hubert Dean Moore, Jr., el deudor hipotecario que está peleando para que se haga público el informe, le dijo al New York Post, como informó el miércoles 10 del presente, que el Departamento de Justicia "se está aliando con una organización delincuente en secreto, bajo sello y bajo el velo de la confidencialidad... ¿Quién se beneficia con este AED? El pueblo no se beneficia. Quienes se benefician son el banco y el Departamento de Justicia".
