Si queremos ir forjando un México justo, seguro, igualitario y consciente de su responsabilidad, entonces creo que les debemos exigir a aquellos candidatos por apoyar que adopten programas de gobierno que incluyan las siguientes normas:
Que la División de Poderes sea efectiva y operacional, lo que implicaría que los diputados o senadores, aunque pertenezcan a un partido y acaten su ideología, en los asuntos concretos no sigan “la línea” que les marcan sus jefes, si no su propio criterio sobre lo que sea conveniente para el pueblo. Los integrantes de los poderes ejecutivos en cualquiera de los tres niveles, deberán tener prohibido gastar dinero público en hacerse publicidad sobre obras que ordenaron hacer con dineros del pueblo, y en vez de eso que informen transparentemente cómo se licitaron los contratos, que les mostró su cuidadosa inspección y qué garantías se le pidieron al contratista y cómo se le está exigiendo que las cumpla. Los integrantes del los poderes judiciales deberán informar el estado que guardan los juicios de todos los casos turnados por los procuradores de justicia, cuántos se han resueltos y cuántos y por qué están pendientes. También que apoyen a la ciudadanía en la vigilancia de las fiscalías anticorrupción.
Con objeto de acabar con “la compra del voto clientelar”, que pugnen porque sólo tengan derecho a votar en los tres niveles, federal, estatal y municipal aquellos ciudadanos que paguen impuestos personales y que tengan cierto nivel educativo, mientras que quienes no cumplan con estas condiciones sólo puedan votar por sus regidores o ediles en el distrito municipal que les corresponda.
Para acabar con el crimen organizado lo primero es erradicar la corrupción impune en las altas esferas del gobierno y luego la creación de policías bien entrenados, pagados, armados y asegurados y en cantidad suficiente, cuyo comportamiento les gane el respeto, la confianza y la cooperación del público en general.
Es urgente que todo el pueblo mexicano reciba educación de la mejor calidad, para lo cual lo mejor sería adoptar el modelo que ha tenido un éxito fenomenal en nuestra hermana República de Chile, consistente en privatizar todo lo que sea posible la oferta de escuelas privadas capaces de impartir los programas de estudios vigentes por ley, siendo seleccionadas por los propios padres de familia para sus hijos, mientras que los costos de las mismas serán absorbidos por el Estado, según cartabones aprobados y publicados. Aquella educación que por falta de oferentes tenga que ser impartida en escuelas públicas, su manejo se debe descentralizar al máximo, ya sea al Estado o al Municipio correspondiente, aunque el costo lo absorba la Federación.
En cuanto a la Industria energética, el País seguirá teniendo control soberano sobre todos los yacimientos, tanto de combustibles fósiles como de minerales en general, pero evitará en lo posible convertirse en manejador directo, cediendo la exploración, extracción, refinación y distribución de combustibles, así como la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica a empresas privadas, que contraten a su personal y negocien con su sindicato. En aquellas instancias en las que el País tenga que manejar alguna empresa por falta de oferentes, la contratación de empleados tendrá que abrirse a toda la población, y no aceptar las anticonstitucionales cláusulas de inclusión y de exclusión, hoy ilegalmente vigentes en los contratos colectivos de trabajo de los sindicatos “nacionales”, en detrimento de la enorme mayoría de la población.
Creo que con estos programas de gobierno se puede remediar la vergonzosa situación en la que estamos.
Atte.- JVG.- 15-11-17.
