24/Apr/2024
Editoriales

Privación de la libertad / amparos

COLUMNA: ASESORÍA LEGAL  

TEMA: PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD/AMPAROS

LIC. JULIO CESAR ZAMUDIO -- DIRECTOR CORPORATIVO MERCADOTECNIA DE MÉXICO   -

 

Se debe llevar a cabo por parte de los diputados federales legislar un poco más sobre las personas que se encuentran privadas de la libertad en diversos reclusorios del país, son muchas las personas que se encuentran en prisión siendo inocentes, lamentablemente la mayoría de las personas del país desconocen sus derechos, cuando una persona es detenida ilegalmente por la policía municipal, estatal, elementos de la Fiscalía General de Justicia, Guardia Nacional o algún otro cuerpo policiaco, la persona tramita un amparo mediante un abogado, al salir la persona de prisión se debe entablar demanda penal contra los agentes aprehensores, ministerios públicos que hayan participado y Juez al que se haya puesto a disposición el supuesto “detenido”, una autoridad no puede exceder sus funciones tan solo por el hecho de pertenecer a un cuerpo policiaco, a una Fiscalía o a un juzgado, lo que se debe legislar es, que todo aquel policía o agente civil que detenga a una persona sin una orden de detención sean puestos a disposición de una autoridad para fincarles el delito de Privación Ilegal de la Libertad, inhabilitarlos como policías y sancionarlos con pena privativa de la libertad hasta por 5 años sin derecho a fianza, la misma suerte que corran los agentes del ministerio público y jueces impartidores de justicia y todo aquel que participe para que a una persona inocente se le prive de la libertad de una manera ilegal, ninguna autoridad en nuestro país puede privar de la libertad a nadie sin haber cometido un delito, de hecho, se debe trabajar legislativamente para que cada Poder Judicial de todos los Estados del país habiliten un área de investigación de expedientes, o bien, que se investiguen los expedientes de todos los juzgados de una forma externa, ya que entre funcionarios se tapan sus actos ilícitos que cometen contra las personas, por ejemplo, en el Estado de México el titular del Poder Judicial es un nefasto funcionario el cual, cuando le llega algún oficio de algún abogado o persona particular solicitando su intervención para la investigación de un expediente, este contesta que no son sus facultades y que los jueces tienen autonomía la cual se debe respetar, así lo ha expresado en diversas ocasiones los titulares que han estado al frente del Poder Judicial del Estado de México, dicho Estado, es uno de los más corruptos del país donde las personas que ponen demandas lo hacen con falsedad de declaración, violando con ello los artículos 247, 247 Bis, 248 y 248 Bis del Código Penal Federal, ya que, la autoridad aun sabiendo que es falsedad de declaración aun así le toman las declaraciones a las personas y de paso se prestan para ello, perjudicando a una persona para privarla de la libertad, de hecho, los impartidores de justicia como son los jueces y ministerios públicos cometen el delito de abuso de autoridad permitiendo dichas acciones falsas para privar de la libertad a una persona, desde los agentes de policía uniformados y civiles hasta los jueces han llegado a truncar vidas completas de miles y miles de personas que se encuentran en prisión pagando una sentencia totalmente falsa, a quien cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones I a V y X a XII del artículo 215 del Código Penal Federal se le impondrá de uno a ocho años de prisión y de cincuenta hasta cien días de multa, y, las personas que declaran en falsedad ante una autoridad con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito ante la autoridad, simule en su contra la existencia de pruebas materiales que hagan presumir su responsabilidad, se le impondrá prisión de dos a seis años y de cien a trescientos días multa, previsto por el artículo 248 Bis del Código Penal Federal, se debe legislar que, toda persona que salga en libertad demostrando su inocencia bajo amparo, al salir, pueden demandar para fincar responsabilidad penal contra quien resulte responsable y todos los que hayan participado en una detención ilegal e impartiendo incorrectamente justicia, y esto, es para todo el país, lo importante es, inhabilitar a todo personal administrativo, agentes aprehensores, ministerios públicos, y jueces para que militares profesionistas en la materia de derecho y otras carreras ocupen dichos lugares, respetando en todo momento los derechos humanos de las personas en general.