Como lo vemos claramente en el caso del magisterio, la evaluación que periódicamente se pretende imponer a los maestros pueden concluir en que estos pierdan sus derechos más básicos como lo son la planta, su antigí¼edad (pensiones) y sus prestaciones de salud.

Igualmente, en las diferentes dependencias de gobierno se utiliza ahora una figura llamada "examen de confianza" con el cual , en caso de no aprobarse, el trabajador puede ser despedidos y privado de sus derechos a una liquidación o simplemente a su planta laborar y otras prestaciones si es sindicalizado. En el caso de los maestros, no es una evaluación dirigida a examinar el desempeño del maestro y su capacidad como docente revisando, por ejemplo, su forma de impartir aritmética o cualquier otra materia a los alumnos del nivel que les corresponde y buscando que, en caso de no tener la capacidad adecuada, se le haga pasar por un programa de actualización y capacitación. Se trata de una serie de preguntas que no tienen que ver con el trabajo de la enseñanza como, por ejemplo, la muy mencionada pregunta de: "¿Se sabe usted los protocolos de seguridad para un caso de incendio?". En el examen de confianza impuesto a los trabajadores de gobierno como resultado de la creciente inseguridad en el paí­s, se les visita a su hogar, se interroga a su familia y en base al criterio de la encargada de esas visitas, el trabajador y su familia resultan o no "sospechosos" . Si lo resultan pueden perder el empleo automáticamente y buena parte de sus prestaciones.

En realidad la evaluación y los exámenes de confianza son solo dos instrumentos para reducir lo que la OCDE y el Banco Mundial o el FMI llaman "costos y pasivos laborales", los cuales ordenan reducir para garantizar el mejor pago de la deuda de los gobiernos a la banca privada internacional.