Porque dentro de sus funciones no está la autorización del incremento de las tarifas, la Diputada de Acción Nacional, Aile Tamez de la Paz denunció a Abraham Vargas por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
Tamez de la Paz presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
La legisladora del PAN, explicó que el día 5 de noviembre de 2024 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado un Acuerdo por el que se Crean las Rutas Exprés Integradas, signado por el Roberto Abraham Vargas Molina, en su carácter de Encargado del Despacho de la Dirección General del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León.
"En dicha disposición se reclasifican las rutas urbanas tradicionales para denominarlas ahora “Rutas Exprés Integradas”, en los que se pretende instalar validadores electrónicos en alrededor de 1800 unidades de transporte público de 98 rutas urbanas que actualmente están en operación", indicó
"Resulta necesario señalar que de acuerdo a dicho documento la política tarifaria ordinaria será de $15.00- quince pesos, por lo que esta reclasificación de rutas tradicionales para denominarlas ahora exprés resulta en un incremento disfrazado de la tarifa del transporte público, considerando que esta integración trae como consecuencia que la tarifa aumenta 25% por ciento, ya que pasará de $12.00-doce pesos que se cobra al usuario actualmente, a $15.00-quince pesos al utilizar el usuario el pago por tarjeta", agregó Aile Tamez.
La diputada de Acción Nacional afirmó que el funcionario debe de ser sancionado por tomar atribuciones que no le corresponden.
“Que lo sancionen y sobre todo también que le den marcha atrás al ´tarifazo´ porque no está bien que no se están apagando a la ley y todos debemos de trabajar conforme a la ley, que la Fiscalía proceda como debe de ser porque no podemos estar permitiendo estos actos de ilegalidad. Yo como Presidenta de Movilidad desde el Congreso tengo un asiento en la Junta de Gobierno, no hemos sesionado, no se ha llevado a cabo este Consejo Técnico donde se debe de estudiar analizar la tarifa eso fue decisión de ellos y de un día para el otro lo pasaron”, aseguró Aile Tamez.
Tamez de la Paz aseguró que se advierte que Abraham Vargas Molina, en su carácter de Encargado del Despacho de la Dirección General del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, con la emisión del acuerdo señalado, puede haber incurrido en el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
“En virtud de que con la suscripción del acuerdo a través del cual de forma disfrazada se incrementa la tarifa del transporte público de rutas ya existentes, está ejerciendo atribuciones que no le corresponden, toda vez que la ley es clara que dicha competencia es exclusiva de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad y no de su Director General, aunado a que existe un procedimiento claro establecido en la legislación para realizar dicho incremento, lo cual a todas luces en esta ocasión no se realizó, y repercute directamente en perjuicio de los usuarios del transporte público en el Estado", puntualizó.
