Quien resulte ganador en las elecciones extraordinarias de Monterrey el 23 de diciembre tendrá que poner a Monterrey en sintonía con la IV transformación de México, es decir, con la orientación que llevará la República después del 1ro de diciembre que asuma la Presidencia Andrés Manuel López Obrador. Por principio, ese alcalde o alcaldesa, tendrá que hacer CIRUGÍA MAYOR en las finanzas para reducir, a tono con las reformas a la administración pública federal, la abultada nómina del municipio (servicios personales) que es de más de 1918 mdp; por la vía de la reducción de salarios de los altos funcionarios y sus prestaciones y privilegios, donde se pueden ahorrar al menos unos 500 mdp que puedan destinarse a mejorar los salarios de los empleados y policías; y a la obra pública ya que a ese rubro sólo se destinaron 912 mdp en el 2018 pese al caso vial y lo antiguo de la infraestructura que existe.
Igualmente se debe revisar a profundidad el gasto en Desarrollo Social que recibe la enorme cantidad de 3,305 mdp para una serie de servicios y actividades que no se reflejan en la vida de la comunidad ni en los servicios que presta el municipio. Su correcta aplicación permitiría al próximo Alcalde unir esfuerzos con la federación en los programas sociales que buscarán pacificar las zonas conflictivas de la ciudad en donde impera la violencia y el crimen, llevando empleo, becas y educación para los jóvenes. Asimismo será muy útil aumentar el presupuesto de Desarrollo Económico al cual se destinaron sólo 103 mdp este año, para buscar no sólo atraer inversión privada a la ciudad , sino promover un aumento de los salarios para los trabajadores y empleados de esas empresas por la vía de prestaciones como becas de capacitación, ayuda en gasto de trasporte y servicio, promociones etc.
El próximo Alcalde también tendrá una tarea delicada y compleja: la de revisar, con la ayuda de expertos, la situación real de la deuda del municipio actualmente de 3,600 mdp , 2000 aproximadamente de deuda bancaria y 1600 mdp con proveedores. El anterior alcalde, Adrián de la Garza, alega haberla reducido y no haber destinado más que 208 mdp al servicio de esa deuda, lo cual querría decir una proeza. Sin embargo, en tanto que la deuda fue reestructurada en 2016 e es muy probable que se haya “pateado el bote” para adelante y que Adrián de la Garza haya logrado reducir pagos en sus últimos dos años como alcalde a costa de aumentar significativamente la deuda para él o la que lo sucederá. Monterrey debe ponerse a tono con lo que hace actualmente el congreso federal de cuestionar las prácticas de los bancos, sus comisiones y demás cobros injustos que se acentúan cuando un deudor reestructura su deuda.
